"No somos delincuentes. Simplemente somos pacientes que queremos vivir". Esa es la frase que resume la exigencia que este martes volvió a sacar a muchos pacientes renales a las calles de Ecuador. En esta ocasión, los manifestantes llegaron hasta el centro histórico de Quito, una vez más en reclamo por la millonaria deuda que el Estado mantiene y por el cual las clínicas privadas que prestan servicios de diálisis amenazan con suspender la atención a quienes dependen de ese tratamiento para seguir viviendo.
Es una disputa financiera que se arrastra desde hace años y que enfrenta al Estado, responsable de garantizar la atención de quienes viven con insuficiencia renal crónica y pagar por ella —dado que ha sido declarada enfermedad catastrófica—, con los proveedores privados a los que debe recurrir para sostener parte de los tratamientos, que a su vez reclaman el pago de servicios ya prestados.
En el medio están los pacientes, para quienes una sesión de diálisis no puede esperar a que las partes lleguen a un acuerdo sobre las cuentas.
La convocatoria inicial de este martes era frente al Palacio de Carondelet —sede del Ejecutivo—, pero los manifestantes no pudieron acceder a sus inmediaciones y terminaron concentrándose en la Plaza San Francisco, donde realizaron un "Plantón nacional pacífico por la vida". Su exigencia esencial es que continúen sus tratamientos de diálisis y que no se interrumpa el suministro de medicamentos necesarios para una enfermedad cuya atención, por ley, debe ser garantizada por el Estado, tanto en el sistema público como a través de los prestadores privados con los que mantiene convenios.
Kevin Valdez, representante del Frente de Pacientes Renales del Ecuador, dice a CNN que su exigencia es que se cumpla la ley. La organización a la que pertenece también pide una reunión con el presidente Daniel Noboa para exponer su situación. Y Gabriela Álvaro, quien vive en carne propia esta adversidad, se suma a la demanda.
"Hemos venido pidiendo, rogando, suplicando más de tres años al presidente que por favor nos reciba. A los ministros de Salud que han pasado, ocho ministros. Y ninguno nos quiere dar la cara. No somos delincuentes, simplemente somos pacientes que queremos vivir", remata Álvaro en el programa Conclusiones.
CNN consultó a la Presidencia de Ecuador y al Ministerio de Salud sobre estos dichos y está a la espera de respuesta.
Álvaro le describió a Fernando del Rincón, de CNN, la realidad que ha vivido como paciente renal, que no se limita a las horas que debe conectarse a las máquinas, sino a toda una estricta agenda.
Agregó cómo, poco a poco, les han ido quitando parte de los servicios. Por ejemplo, los alimentos que les daban luego de terminar la sesión eran con frecuencia lo único que, según ella, consumían los pacientes más necesitados, pero ya no cuentan con ellos. Igual el transporte, pues ahora ya no les proveen movilización. Afirma que muchos de los afectados tienen que realizar "rifas" para pagarse su propio tratamiento.
CNN consultó al Ministerio de Salud sobre este asunto.
De acuerdo con los cálculos de Álvaro, en promedio, un paciente gasta US$ 60 por cada sesión en insumos básicos —sin contar el resto de los gastos.
La deuda que tiene el Estado con las clínicas privadas se viene acumulando desde hace más de una década. Según las cifras oficiales, más de 20.800 ecuatorianos dependen actualmente de tratamientos de diálisis. La ciudad de Guayaquil concentra el mayor número de pacientes, con alrededor de 4.000 registrados, según cifras oficiales de 2025, seguida por Manabí y Quito, con más de 3.000 cada una.
De acuerdo con el Registro Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante, con información disponible hasta noviembre del año pasado, una parte importante de estos pacientes recibe atención con recursos del Ministerio de Salud y, dentro de ese grupo, miles son tratados en clínicas privadas que mantienen convenios con el Estado.
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En 2015, varias empresas que prestaban servicios de diálisis ya habían advertido sobre la posibilidad de suspender la atención debido a la falta de pagos. El Ministerio de Salud acudió entonces a la Justicia para impedir que los pacientes quedaran sin tratamiento, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas atribuía los retrasos a complicaciones internas en la tramitación de los pagos.
El conflicto se elevó a la Corte Constitucional, que en 2020 emitió una sentencia en la que estableció obligaciones relacionadas con la continuidad del servicio de parte de las clínicas y con el pago de las deudas por parte del Gobierno.
Cinco años después, los números solo crecen. Un informe de cumplimiento de la sentencia del Ministerio de Salud, fechado en 2025, muestra que la deuda por tratamientos de diálisis pasó de alrededor de US$ 80 millones a comienzos de 2024 a más de US$ 216 millones para octubre de 2025.
CNN contactó sobre esta situación a la Presidencia de Ecuador, al Ministerio de Economía y Finanzas y al de Salud, pero sigue sin respuesta.
Este martes, la empresa privada más grande que presta servicios a través del Ministerio de Salud, DaVita, informó que llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para "proteger la continuidad" de la atención de los pacientes. También adelantó que "en los próximos días" darán a conocer los detalles de esos compromisos.
CNN consultó al Ministerio de Salud por los detalles del acuerdo.
"La atención de nuestros pacientes derivados por el MSP continuará con normalidad en nuestros centros", dijo la compañía.
En tanto, siguen pendientes otros compromisos con empresas privadas de estos servicios.
Con información de Fernando del Rincón y Gilles Salomone, de CNN.
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