Claudia Sheinbaum cumple dos años como presidenta de México con un proyecto político que inició su mentor y predecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Entre las grandes promesas de la autodenominada Cuarta Transformación estaban liberar a México de la corrupción y garantizar una democracia verdadera, con acceso a derechos e información para quienes hasta ahora estaban excluidos. ¿Cómo han avanzado esas promesas? DW consultó en exclusiva a dos expertos.
Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional, el balance en acceso a la información es negativo. La desaparición de la entidad autónoma dedicada a ese fin durante dos décadas, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), se justificó con la promesa de democratizar ese derecho.
"Eso no ha pasado", subraya Bohórquez. Quienes preguntan siguen siendo los mismos que antes: oenegés y periodistas, añade. Ahora la información es mucho más dispersa y difícil de encontrar. La nueva oficina denominada Transparencia para el Pueblo, organismo gubernamental que sustituyó al INAI, sólo atiende pedidos de información al Poder Ejecutivo federal. Si uno necesita información del Congreso, del Poder Judicial, de los militares o de instituciones locales, tiene que acudir a esas mismas instituciones que deciden lo que comparten y muchas veces reservan la información solicitada.
Sheinbaum inició su mandato prolongando el proyecto de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador.Carlos Santiago/ Eyepix Group/Sipa USA/picture alliance
El resultado, para Bohórquez, es lamentable: "En lugar de simplificar, se atomizó" el mecanismo de acceso a la información oficial. Los datos apuntan en la misma dirección. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, las solicitudes de información pasaron de más de un millón en 2024 a 797.022 en 2025. Por su parte, la denominada Transparencia para el Pueblo de la nueva cartera Anticorrupción del Gobierno recibió un 60% menos de recursos de revisión contra el Ejecutivo que el extinto INAI en sus últimos 12 meses.
En materia de lucha contra la corrupción, Bohórquez observa un cambio de enfoque: el gobierno de Sheinbaum persigue las operaciones contra la corrupción ligada al crimen organizado, y donde la iniciativa no la llevan los organismos de auditoría o la justicia, sino la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como ejemplo, menciona la "Operación Enjambre", una estrategia para investigar los posibles vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, esa operación ha llevado a la detención de más 100 funcionarios de distintos rangos y afiliaciones políticas, entre ellos alcaldes, exalcaldes y mandos policiales, acusados de delitos que van de la extorsión al secuestro y la delincuencia organizada.
Pero también hay críticas sobre un sesgo político en esta estrategia ya que, hasta ahora, ningún gobernador o exgobernador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señalado por presuntos vínculos criminales o corrupción, ha sido detenido o enfrentado un proceso penal.
Eso contrasta con otras administraciones. Según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al menos 12 gobernadores fueron procesados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2012 y 2018.
En el tema de derechos humanos, Edgar Cortéz, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, reconoce aciertos en los derechos económicos y sociales: "Hubo aumento del salario mínimo y transferencias a personas mayores y con discapacidad", puntualiza.
También ve una mejoría en el combate al homicidio, aunque señala que hay un debate sobre su magnitud. Sheinbaum defendió en su segundo informe una caída del 51% en el promedio diario de homicidios desde que asumió.
Pero el centro de análisis México Evalúa no encontró evidencia estadística suficiente para atribuir la baja a los operativos federales, y advierte que en la última década las desapariciones aumentaron 127 por ciento, otros delitos contra la vida 197 por ciento y los feminicidios 53 por ciento.
Hay además una consecuencia de la violencia que las estadísticas de homicidios no captan: quedarse sin hogar. La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), midió por primera vez el desplazamiento forzado interno. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, 510.000 hogares tuvieron al menos un integrante que debió cambiar de residencia por violencia o inseguridad delictiva; en conjunto, en esos hogares vivían 1,6 millones de personas.
Cortéz señala además una clara falta de atención al tema de desaparición: "No hay voluntad porque, por un lado, no ven que puedan obtener un beneficio político en atender ese tema, pero del otro lado también han mostrado tener poca capacidad técnica de diseñar una estrategia que coordine esfuerzos federales con los locales".
El Registro Nacional acumulaba 135.271 personas desaparecidas hasta junio de 2026, frente a unas 115.000 al inicio del gobierno, según el análisis de Red Lupa.
A ello se suman las agresiones contra defensores y periodistas y los megaproyectos sin consulta efectiva a comunidades indígenas y campesinas. La conclusión de Cortéz : "Si ponemos todo esto junto, hay un no avance y retrocesos".
Ambos expertos ven más continuidad que ruptura entre Sheinbaum y su predecesor. Cortéz destaca que Sheinbaum no ha mantenido un discurso público "tan beligerante" contra las organizaciones sociales, pero en los hechos ve "una clara continuidad de poco aprecio y compromiso" con los derechos humanos.
Como punto positivo, destaca que Sheinbaum anunció una ley general sobre feminicidios que consolida todas las legislaciones y esfuerzos locales y estatales. "Puede ser positivo, pero el problema es la implementación", advierte.
Septiembre de 2026: Sheinbaum presenta el balance de su gobierno en el período 2025-2026.Carlos Santiago/IPA/ZUMA/picture alliance
Bohórquez ve continuidad en el tema de la comunicación política, donde Sheinbaum sigue con el modelo de una conferencia mañanera que, a sus ojos, ha sido "muy efectiva como instrumento de comunicación política, pero no es un ejercicio de rendición de cuentas". El especialista en transparencia sigue esperando el paquete de las reformas anticorrupción anunciadas por Sheinbaum, para valorar el rumbo real frente a López Obrador.
Bohórquez resume la historia democrática reciente del país, desde la primera alternancia de poder en la capital en 1997, como un avance intermitente: "Hubo acciones extraordinarias, como la creación del INAI, la inteligencia financiera o el Sistema Nacional Anticorrupción, y luego, al notar los costos políticos, llegó el freno".
Cortéz señala que es un tema de prioridades políticas: mientras se priorizan los programas sociales que tienen "dividendo político inmediato", los derechos civiles y políticos, que exigen trabajo de largo plazo y "no son capitalizables de inmediato", se siguen postergando.
A dos años de gobierno, la promesa de una democracia con derechos plenos para todos sigue más en el discurso que en los hechos.
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(ms)
